Las secretarías de Salud Laboral y de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), expresan su más absoluto rechazo a las políticas sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo expuestas por la presidente Cristina Fernández en su discurso con motivo del Día de la Industria el 3 del corriente mes.

Las políticas esbozadas colisionan con los Convenios 155 y 187 de la OIT firmados por este mismo gobierno e implican renunciar a contar con políticas y programas nacionales de prevención, hoy absolutamente inexistentes.

En tanto, sólo pretenden salvar al perverso sistema basado en las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), surgidas al calor de la flexibilización laboral, al tiempo que eludir las responsabilidades empresarias derivadas de los juicios por la íntegra reparación de los daños surgidos en ocasión del trabajo.

De esta forma, la Presidente abandona su habitual discurso evocativo de los años setenta y lo troca por el de los noventa, al sumarse al coro contra la “industria del juicio” o la “doble vía”, que fueron argumentos fundantes de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo, que ha merecido fallos de inconstitucionalidad de gran parte de su articulado por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Argumentaciones de tal tipo sólo manifiestan un olímpico desprecio por la Justicia y vuelven a considerar a los trabajadores como ciudadanos de segunda. No es casual que la propuesta haya despertado el apoyo entusiasta de las cámaras empresarias.

La propuesta presidencial presentada como novedosa (un intento similar ya lo realizó el ex Presidente Fernando de la Rúa mediante el Decreto 1278/2000), pone nuevamente precio a la enfermedad, la incapacidad y el accidente laboral. Fiel a la óptica neoliberal, las políticas planteadas ponen a la vida de los trabajadores como un insumo más de los procesos productivos, cuyo costo se debe mantener bajo control.

Cambiar algo, para que nada cambie, parece ser el lema. Se trata de evitar los costos de la prevención, la participación de los trabajadores y fomentar un sistema elusivo de la justicia; al mismo tiempo que, propiciar el subregistro, la omisión de denuncias, la negación de las enfermedades de origen laboral, el desconocimiento de los más mínimos derechos de todos aquellos que el sistema no contempla e invisibilizar más de 7500 muertes anuales de trabajadores por causas relacionadas con el trabajo.

El sistema vigente fracasó no sólo en su faz preventiva, sino además en lo prestacional; por lo que al sumir en el desamparo a los trabajadores accidentados, lesionados o afectados en su salud por enfermedades laborales, no les dejó otra alternativa que apelar a la Justicia.

Por todo ello, reafirmamos la necesidad de la sanción por parte de Congreso de la Nación del anteproyecto de Ley sobre Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales presentado por la CTA que tomará estado parlamentario el próximo 13 de septiembre, que constituye un cambio absoluto de paradigma en relación al régimen vigente; ya que reemplaza a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo como gestoras del sistema, por una entidad sin fines de lucro, de cuya administración de carácter tripartito participan los trabajadores e integrada a una Seguridad Social pública que consagre derechos de carácter universal.

El anteproyecto parte de una visión integral de la seguridad y la salud, fomenta la participación de los trabajadores en el diseño y control de las acciones de prevención; asegura la reparación integral de los daños sufridos por accidentes de trabajo enfermedades laborales y establece la automaticidad, calidad, eficacia y universalidad de las prestaciones, cualquiera sea la forma que asuma la relación laboral”.